Es una realidad que en los Ministerios de Justicia y Hacienda y Función Pública existe una profunda molestia por la formalización de la convocatoria de una huelga general indefinida para el 16 de mayo por parte de tres de las cuatro asociaciones de jueces y dos de las tres asociaciones de fiscales. Porque denota una profunda desconfianza, por parte de jueces y fiscales, en que en la reunión de las 11 de la mañana del 3 de mayo, miércoles próximo, fecha en la que se ha convocado la Mesa de Retribuciones en que salga algo. Desde comienzo del año pasado vienen reclamando el estricto cumplimiento de la Ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, que establece que cada 5 años se revisen y actualicen sus salarios en el marco de esa Mesa de Retribuciones.
Las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales –se supone que en línea ideológica con el Gobierno– no se han subido al carro de la convocatoria de huelga sino que esperan a ver lo que hay el miércoles. El miembro del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez Achútegui, hizo un llamamiento público el pasado sábado al Gobierno para que se comprometa y sea generoso.
Se prevé que en la reunión del miércoles estén, además de representantes de los dos ministerios y de las asociaciones de jueces y fiscales tres representantes del Consejo General del Poder Judicial , los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya. Hasta un CGPJ caducado se siente fuerte en este campo. A los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública les toca mover ficha en esta partida de ajedrez en que se ha convertido las negociaciones para una actualización salarial. Y las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, el 28 de mayo.
